Manifiesto al Parlamento Europeo con motivo de su visita a León, «Cuna del Parlamentarismo», sobre la situación de las provincias del antiguo REINO DE LEÓN.
Con motivo de la visita de una representación del Parlamento Europeo a la ciudad de León, en un acto de homenaje y reconocimiento de la Unión
Europea a las Cortes del Reino de León de 1188, los ciudadanos de este Reino medieval, casi olvidado, queremos acercarnos a los máximos representantes de la soberanía de la Unión Europea, no solo para recodar la importancia histórica del Reino de León y su legado, que perdura hasta nuestros días, sino para solicitar al legislativo europeo una atención especial a la situación socioeconómica de las actuales provincias (NUT 3), que fueron la base de ese Reino, Salamanca, Zamora y León, y que sufren una pérdida constante de población y actividad económica y las previsiones estadísticas oficiales vaticinan que esa pérdida se acrecentará en la próxima década si no se adoptan con urgencia medidas para evitarlo.
La sociedad civil de la Región Leonesa, representada por un nutrido grupo de asociaciones culturales y vecinales, sin vinculación política alguna, que integran a más de veinticinco mil personas y mantienen viva la herencia cultural y social de su pasado regio, pretende mostrar a los representantes del Parlamento de la UE el valor de ese legado, y a la vez transmitir nuestra honda preocupación por la crisis socioeconómica y de identidad que sufrimos y que se acrecienta cada año.
A. EL LEGADO DEL REINO DE LEÓN
El año 910 D.C. marca el nacimiento del Reino de León, con el traslado definitivo de la sede regia del reino Astur de la ciudad de Oviedo a la de León. El reino de León se mantuvo con reyes privativos e independientes hasta el año 1230, año en el que el Rey leonés Fernando III unificó las coronas de los Reinos de León y de Castilla.
Durante siglos, la historia del Reino de León y su legado de derechos, se ha pretendido ocultar, pese a ocupar su escudo uno de los cuarteles del de España. Con la conmemoración de 1.100 aniversario del nacimiento del Reino en el año 2010, ha comenzado a ponerse en valor ese trascendental legado. Las relaciones del Reino de León con otros reinos europeos fueron constantes a lo largo de su historia, con enlaces matrimoniales en territorios tan lejanos como Polonia o Armenia, alianzas militares en las guerras de la Reconquista, alcanzando su máxima hegemonía territorial y militar con la coronación en el año 1135 de Alfonso VII en la ciudad de León como Emperador, Imperator Totius Hispaniae, por el nuncio del papa Inocencio II. Ha sido el único Emperador coronado como tal en España, al que rindieron vasallaje de una u otra manera todos los Reyes y nobles peninsulares y del sur de Francia, incluidos califas de las taifas musulmanas. Poco después, del Reino de León nacieron los Reinos de Portugal (año 1143) y Castilla (año 1157). Pero la importancia del Reino de León y el legado que nos ha dejado, se centra especialmente en las conquistas culturales y jurídico sociales. Han de destacarse algunos logros de especial relevancia y cuyo efecto dura hasta nuestros días, además de las Cortes de 1188
- La protección jurídica de la mujer: La mujer goza de unos derechos superiores a los de cualquier otro reino de su época, judicialmente garantizados, participando directamente en los gobiernos locales y del Reino. Sus derechos se recogen en diferentes normas (decreta), desde el Fuero de León de 1017 a las Cortes de 1188, que le reconocen expresamente el derecho a la herencia, incluida la del Reino y la participación en los «concejos vecinales», sistema de gobierno abierto y participativo de los pueblos, que pervive en la actualidad reconocido expresamente por la legislación española de régimen local (el Concejo Abierto, en la que ya intervenían las mujeres antes de la romanización de la península, como recogen las crónicas de historiadores romanos. Las hijas de los Reyes recibían importantes legados que les permitía ser independientes y muchas de ellas participaron activamente en el gobierno, siendo mujeres las principales asesoras de Reyes como Alfonso VI y Alfonso VII. Este régimen jurídico permitió el ascenso al trono del Reino de León de Urraca I (1081-1126), hija del primero y madre del segundo; y que su hermana Teresa, como condesa de Portugal, guerrease para conseguir el título de reina (título que reconocería a su hijo, Afonso Henriques, primer Rey de Portugal, su primo Alfonso VII de León). Urraca reinó en nombre propio por delante de sus dos maridos y se reveló contra los malos tratos de su segundo esposo, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, llegando a conseguir la nulidad de su matrimonio (si bien la
causa que se admitió fue la consanguinidad de los dos contrayentes). Urraca fue la primera en recoger en sus diplomas y fueros la referencia
expresa a los derechos de las mujeres, en el fuero que otorgó a los habitantes de Santiago de Compostela en el año 1105, tanto a varones como mujeres («cunctis habitatoribus uiris ac feminis»). Otras reinas mantuvieron su firma regia al lado de la de sus maridos y el último Rey privativo de León, Alfonso IX, nombró herederas del reino a sus hijas en lugar de a su hijo, Fernando III, que les usurpó la corona.
- El respeto a la “libertad” religiosa. En el contexto de guerra religiosa para la reconquista de la Península Ibérica a los califas musulmanes, se permitió una convivencia de las tres religiones monoteístas que coexistían en la península:
musulmana, judía y cristiana. Este respeto a las creencias y prácticas religiosas tuvo su máximo exponente en el Rey Alfonso VI, reconocido como Rey de las tres religiones tras su conquista de la Taifa de Toledo en el año 1085, garantizando la convivencia de las tres religiones en el Decreto llamado “Carta inter cristianos et judeos”.
- En el año 1218 Alfonso IX de León fundó el Estudio Superior de Salamanca, elevado a la categoría de Universidad por Alfonso X en 1254, siendo la primera y más importante de las Universidades cristianas españolas y modelo para las posteriores que se crearían en España y América latina. Universidad pionera en la defensa de los Derechos de los pueblos indígenas y en la configuración del Derecho Internacional.
- La promoción del Camino de Santiago, principal ruta de entrada de las corrientes culturales europeas y de salida de las ibéricas hacia el resto de Europa, con el apoyo decidido de la Corona a las instituciones conventuales y a las edificaciones de iglesias y catedrales. Se mantiene también que Alfonso IX de León es el creador del Derecho europeo de los viajeros, con sus Decretos de protección a los peregrinos extranjeros, derechos medievales de los que nacerían los pasaportes y la protección de los viajeros en tránsito.
En un Reino con esta tradición, que mantenía el gobierno concejil de pueblos y ciudades, llegó al trono con apenas diecisiete años Alfonso IX, heredando un reino debilitado por la guerra con Castilla. Para fortalecerlo y recabar el apoyo de una clase burguesa ya pujante, convocó en la primavera del año 1188, una Curia Regia, unas Cortes que se celebraron en el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro de León. A estas Cortes asistieron, por primera vez en la historia, representantes de las villas y ciudades, junto a los tradicionales estamentos de la nobleza y el clero. La presencia efectiva del pueblo llano se constata en los propios Decreta, dictados según recogen “cum electis civibus ex singulis civitatibus”. Las Cortes reconocieron importantes derechos a todos los ciudadanos y el carácter pactado del poder del Rey, derechos que pueden considerarse un preludio de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ello hace que las Cortes de León de 1188 sean consideradas las Primeras Cortes “parlamentarias” del mundo, las primeras con representantes del pueblo. Las Cortes de León de 1188 tuvieron su continuidad en la Constitución dada en el concilium de Santiago del año
1194, en las Cortes de Benavente de 1202 y en las Cortes celebradas de nuevo en León en el año 1208. Aunque algunos años después se celebraron cortes en otros reinos (Aragón en el año 1218, Alemania en 1232, Inglaterra en 1265, Francia en el año 1302; …), la singularidad de las cortes leonesas está tanto en su carácter primicerio como en la participación del pueblo llano y el reconocimiento de sus derechos.
Por todo ello, en 2011, con el aval de la Real Academia de la Historia al trabajo de José Manuel Martínez Fernández, secretario de la desaparecida Fundación León Real, la Junta de Castilla y León concedió a la ciudad de León el título oficial «Cuna del parlamentarismo». En 2013 la UNESCO incorporó los Decreta de esas Cortes como Memoria del Mundo, a propuesta desde el Gobierno de España por el Director General del Libro, Rogelio Blanco Martínez. Este reconocimiento internacional se completa ahora con la visita de los representantes del Parlamento de la Unión Europea al lugar donde se celebraron aquellas primeras Cortes.
B. LA ACTUAL SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA ‘REGIÓN LEONESA’
El antiguo Reino de León quedó reducido desde 1833 hasta el año 2007 a tres provincias que formaron la Región Leonesa, Salamanca, Zamora y León
(NUTS 3) actualmente que forman parte de la comunidad autónoma de Castilla y León (NUT 2), que conforman la única región histórica de España
sin autogobierno propio. Estas tres provincias presentan desde hace años la mayor pérdida de población de todo el país, en términos porcentuales y
absolutos. En los últimos cincuenta años, estas provincias han perdido 248.600 habitantes, y tiene ahora casi la mitad de la población que tenía hace un siglo, mientras la del conjunto del país prácticamente se ha triplicado. Un caso único en toda la Unión Europea. Con una población muy envejecida y sin perspectivas laborales para los jóvenes, las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2037 mantienen esa tendencia, acrecentada: Zamora - 16,5%; León -8,6% y Salamanca - 6%. El decrecimiento demográfico y el envejecimiento convierte a estas provincias, junto con alguna de sus vecinas al oeste, en el ‘geriátrico’ de Europa.
Los datos económicos son igualmente catastróficos. Según la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2022, la tasa de actividad en las tres provincias está muy por debajo de la media nacional (casi 8 puntos en Zamora y León, 6 en Salamanca); en paralelo a una tasa de empleo también por debajo de la media del país. En relación a los Indicadores Urbanos de 2022, la ciudad de León es la segunda con la tasa de actividad más baja de España, un 50,2%, ocupando Salamanca el tercer peor puesto. Estas tres provincias encabezan también los datos de desempleo de la Comunidad y la ciudad Ponferrada, en la provincia de León, el peor dato en la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2022. La Región Leonesa está también a la cola del país en crecimiento del PIB: en 2021 ha crecido por debajo del 4%, cuando la media nacional ha sido del 5,5%. Esta situación resulta especialmente grave en ‘La Raya’ con Portugal, la frontera más larga y antigua de Europa, que es la más despoblada y desindustrializada de toda la UE.
El viejo Reino de León, cuna del parlamentarismo, pionero en la defensa de los derechos de la mujer, de la libertad religiosa y del Derecho Internacional, no sólo sufre el olvido de su legado histórico, sino una auténtica «demotanasia», la muerte demográfica provocada por las políticas públicas de concentración de la actividad empresarial en determinadas regiones en detrimento de otras. La agudísima crisis socioeconómica que arrastra la mayoría de su antiguo territorio es especialmente crítica en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Mientras sus recursos materiales y humanos han contribuido y siguen contribuyendo al desarrollo de las regiones más ricas del país, la Región Leonesa languidece demográfica y económicamente.
El caso de la provincia de León es singularmente alarmante. Desde los años 70 del siglo pasado ha perdido la cuarta parte de su población, siendo la previsión que en el año 2050 tenga la mitad de la población que tenía en 1970. Con el final de la minería del carbón, con una gestión de los fondos MINER que no ha generado la reconversión industrial de las comarcas mineras que se prometía, se ha unido al abrupto cierre de todas sus centrales térmicas, sin ninguna actuación que sustituya esa actividad industrial. La desaparición total de este sector ha llevado a que muchas localidades hayan perdido casi todos sus habitantes, con cabeceras de comarca con una reducción superior al 50%. Esto ha llevado a la pérdida de valor de su patrimonio, llegando a vender algún Ayuntamiento decenas de apartamentos por apenas 3.000€ cada uno, y no sin dificultades. La crisis económica de 2008 se llevó también la única entidad financiera con sede en la ciudad. Una muy escasa industrialización en otros sectores y la menor demanda de mano de obra en la agricultura y ganadería, se explica esa pérdida constante de población en una provincia con viviendas y servicios dimensionados para albergar casi al doble de habitantes de los que tiene ya ahora.
Ante esta situación, los jóvenes leoneses, con una sólida formación, han de emigrar a otras regiones o países en busca de trabajo; y una población cada vez más envejecida y por lo tanto sin capacidad para el emprendimiento, ve morir sus pueblos, sin nuevas actividades generadoras de empleo y desarrollo sostenible. Esta región es ya la más envejecida de toda la Unión Europea y la ciudad de León ha sido calificada como el ‘Detroit’ de España por su declive económico. Las decisiones políticas, tomadas fuera de la región histórica, no contemplan medidas eficaces para revertir esta situación,
alejándola de la cohesión social y territorial que son el objetivo de las políticas y presupuestos de la Unión Europea.
Apelamos por ello a las instituciones comunitarias para impulsar directamente medidas que, en su marco competencial, puedan contribuir a revertir esta situación. También para que requieran a los Gobiernos de España y de Castilla y León la puesta en marcha de un plan especial para la Región Leonesa que permita lograr un desarrollo sostenible y converger con las regiones más desarrolladas de nuestro país y de la EU.
C. DEMANDA DE MEDIDAS PARA TRATAR DE REVERTIR LA CRISIS ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA DE LA REGIÓN LEONESA
Para alcanzar la cohesión territorial y social que propugna la UE, no sólo es necesario actuar en los territorios con muy baja densidad de población y nivel de renta, sino también prevenir en aquellas zonas donde estás constatada una pérdida constante de población de tal magnitud que lleva al territorio a perder en 50 años la mitad de sus habitantes.
La sociedad civil leonesa instamos por ello a la Unión Europea, representada en la visita que realiza el Parlamento Europeo a León los días 30 de junio y 1 de julio de 2023, a desarrollar medidas normativas directas que ayuden a frenar la crisis socioeconómica de nuestra región. Planteamos algunas ideas que pensamos pueden contribuir a ello desde la actividad normativa de las instituciones comunitarias.
- DESPLIEGUE CONTROLADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y COMPENSACIÓN POR LA GENERACIÓN DE ENERGÍA LÍMPIA
El objetivo de neutralidad climática fijado por la UE para 2050, reduciendo las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030 con respecto a los valores de 1990, no puede suponer el sacrificio de unos territorios en favor de los que consumen más energía.
Desde que la Comisión presentó el 14 de julio de 2021 su paquete de medidas «Objetivo 55», para adaptar el marco legislativo de la UE sobre clima y energía a esos objetivos, se han dictado diferentes normas, con la participación del Parlamento Europeo. Sin embargo, que sepamos, esa normativa no contempla medidas específicas para garantizar a los territorios que van a albergar las grandes plantas de producción de energía renovables beneficios directos por las mismas.
El despliegue de las energías renovables ha de llevarse a cabo, por un lado, de manera que sea compatible con la conservación del patrimonio natural y social, y por otro, revertiendo parte de la riqueza que genera en el territorio donde se instalen las plantas de generación de energía renovables, para permitir activar su actividad económica y superar el declive demográfico.
La construcción de grandes instalaciones de generación de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica y eólica o plantas para producir hidrógeno verde, generan beneficios ambientales a toda la sociedad, beneficios económicos directos a unos pocos; pero perjuicios directos a los territorios donde se ubican. Se ha constatado que estas grandes instalaciones generan poco empleo estable en la zona y perjudican otras alternativas de desarrollo sostenible, además de afectar a los ecosistemas locales y consumir, la producción de hidrógeno, gran cantidad de agua en competencia con la agricultura local.
Estos perjuicios deben ser compensados para no convertir a las zonas donde se ubican en colonias energéticas de las más pobladas e industrializadas. En España se está aprovechando las zonas en declive demográfico para el despliegue de las grandes plantas de energías renovables, con una compensación económica solo a los propietarios directos del suelo que las albergarán que no cubrirá siquiera el coste de desmantelamiento cuando se agote su vida útil, y sin compensar al territorio próximo, que sufrirá igualmente los efectos de dichas instalaciones.
Por ello instamos al Parlamento Europeo a regular unas medidas específicas para compensar a las provincias (NUT 3) que albergan esas grandes plantas de generación eléctrica renovable y garantizar su desmantelamiento cuando se agote su vida útil, así como a no permitir la creación de estas plantas en territorios con algún tipo de protección ambiental comunitaria que sea incompatible con esas grandes instalaciones, como las Reservas de la Biosfera.
Una regulación a nivel comunitario podría contribuir de manera activa a
superar esos problemas:
1.1.Establecer un fondo económico de compensación en favor de las provincias generadoras de energía verde.
Las regiones que producen energía limpia sacrifican su territorio en el que se ubican estas grandes instalaciones, ya sean presas para generar energía hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, etc. Esas plantas producen energía que se consume lejos del lugar de generación y son explotadas por empresas cuyo domicilio fiscal tampoco es el lugar donde producen la energía. Los vecinos directamente afectados ni siquiera se benefician de una
electricidad más barata, y además contribuimos a sufragar el coste del transporte y la pérdida de energía que conlleva. Además, el territorio
circundante también se ve afectado de una u otra manera por estas instalaciones. Se ha constatado un aumento de la despoblación en las localidades afectadas directamente por estas instalaciones y, cuando la cantidad de plantas es muy grande, como sucede por ejemplo en León, donde hay presentados nuevos proyectos para instalar casi 2.000MW, el efecto se extiende a casi toda la provincia, en especial al sector turístico y agroalimentario. Es necesario compensar el sacrificio de estos territorios con recursos económicos capaces de potenciar y generar actividades económicas sostenibles para retener y atraer población.
La Unión Europea podría imponer la creación de un fondo especial para compensar a las regiones que generan energía verde. En España existió hasta 1985 el denominado “canon energético”, que percibían las provincias en función de la energía eléctrica que se generaba en cada una; su supresión no fue compensada, perjudicado precisamente las provincias menos industrializadas, que son las que más energía producen. Imponer que un porcentaje del IVA que grava el consumo energético sea entregado a los gobiernos provinciales (NUTS 3), vinculado a su reinversión en proyectos generadores de actividades económicas sostenibles en las comarcas afectadas, parece que puede ser una vía adecuada para procurar cierto retorno a los territorios afectados.
1.2.Garantizar la retirada de las instalaciones una vez agotada su vida útil mediante un «fondo de restauración» impuesto y generado por la
UE.
Las instalaciones eólicas y fotovoltaicas y toda la maquinaria necesaria para generar energía, tienen una vida útil limitada, estimada en una media de 25 años. Una vez agotada esa vida útil, es necesario retirar esos equipos, y restaurar el terreno que lo ha albergado, donde se han colocado estructuras metálicas, grandes bloques de hormigón, etc. El coste de ese desmantelamiento es enorme.
Aunque corresponde asumir esos gastos a las empresas que los han instalado y/o explotado, es necesario que se impongan mecanismos que garanticen esa operación, aún en el caso de que las empresas explotadoras quebrasen. En León y otras provincias mineras ya hemos visto como las escombreras generadas por la minería del carbón, no han sido restauradas por las empresas extractores y ahora se han de destinar importantes cantidades de dinero público para ello, por ejemplo, 150 millones de euros de los fondos de Transición Energética Justa.
Se ha de evitar que algo así vuelva a suceder, garantizando recursos económicos suficientes para que desmantelamiento de esas instalaciones y la restauración de los terrenos. Para ello se propone la imposición por normativa comunitaria de la creación de un fondo monetario con el cual hacer frente a esos costes. Se debe imponer a todas las empresas explotadoras de estas nuevas instalaciones a dotar ese fondo de restauración, aportando a él un porcentaje de su facturación bruta anual, en cuantía suficiente para poder sufragar el gasto que supondrá devolver los terrenos que han albergado las plantas a su estado anterior. Ese fondo podría ser recaudado y gestionado por la UE para todos los países de la Unión.
Se deben establecer medidas de retorno directo al territorio afectado de los beneficios económicos de las grandes plantas de energía renovable y garantizar la retirada de las instalaciones por parte de la empresa que los explota, una vez que se agote su vida útil.
1.3. Reservar de espacio en las redes de transporte y distribución para las instalaciones de autoconsumo de interés general, en especial para el regadío de los campos de cultivo.
El desarrollo progresivo de instalaciones de generación de electricidad para autoconsumo está encontrándose con el problema de la saturación de las redes de transporte y distribución de la energía del lugar de generación al de consumo. La capacidad de las líneas está siendo rápidamente absorbida hasta agotarla, por las grandes instalaciones de generación de electricidad para venta a red.
Eso impide que instalaciones más pequeñas para el autoconsumo de otras actividades productivas, no tengan la posibilidad de instalar sus propias plantas de generación y comercializar los excedentes de producción que pueden generar en determinados momentos, para cubrir los costes de consumo cuando éste supera la capacidad de producción en otros momentos. Esto está impidiendo, por ejemplo, que las comunidades de regantes deban acometer instalaciones más grandes de las que necesitarían si pudieran comercializar los excedentes puntuales, para poder disponer de la máxima energía propia en los meses que la necesitan para el funcionamiento de las bombas de riego. Este problema puede darse en otras industrias o servicios que se consideren de interés general, como determinadas industrias, hospitales, etc.
Desde la normativa comunitaria se debería imponer a los Estados la obligación de reservar capacidad en las redes de transporte de electricidad
suficiente para instalaciones de autoconsumo con excedentes para sufragar el consumo de la red cuando es necesario. También, cuando sea necesario, ampliar las redes existentes, para garantizar la capacidad necesaria para instalaciones vinculadas a actividades de interés público.
1.4. Valorar adecuadamente la compatibilidad de la instalaciones solares y fotovoltaicas con la protección medioambiental y el desarrollo sostenible de las zonas donde se pretendan implantar grandes instalaciones de generación energética.
El necesario despliegue de las energías renovables no puede suponer el sacrificio de espacios naturales cuya preservación es esencial para garantizar la biodiversidad y el desarrollo de otras actividades económicas sostenibles en las zonas rurales. La lucha contra el cambio climático no puede hacerse a costa del medio ambiente, en cuya protección se lleva trabajando también en la Unión Europea prácticamente desde el momento de su constitución. Simplificar los trámites para la concesión de autorizaciones para implantar grandes plantas de generación de energía renovable no puede suponer que éstas se puedan ubicar en cualquier parte de nuestro territorio. El principio de no causar daño significativo al medio ambiente y el derecho de los habitantes del mundo rural, por pocos que sean en algunos lugares, a permanecer en sus pueblos y conservar y mejorar su modo de vida, no puede verse vulnerado por la necesidad de cambiar nuestro modelo energético.
Estimamos por ello necesario una regulación muy precisa a nivel comunitario, que establezca banderas rojas infranqueables para asegurar la compatibilidad de las grandes plantas de generación energética con la salvaguarda del medioambiente y el desarrollo sostenible allí donde se instalen y sus zonas de influencia. Entendemos que se deben establecer distancias mínimas de estas plantas a los núcleos de población para evitar
daños directos provocados por el ruido constante, la irradiación u otros factores derivados de estas instalaciones. Y se debe directamente prohibir ubicar en espacios que cuenten con un nivel de protección medioambiental incompatible con este tipo de grandes instalaciones, como las zonas declaradas Reserva de la Biosfera, zonas ZEPA, por ejemplo.
- IVA ESPECIAL PARA LAS INDUSTRIAS IMPLANTADAS EN LAS COMARCAS MENOS POBLADAS
El desarrollo de las regiones menos pobladas y de aquellas que pierden población con la desaparición de sus actividades económicas principales, como es el caso de las provincias del antiguo Reino de León, desde Asturias a Badajoz, en especial en la frontera hispano lusa, requiere medidas directas que beneficien el establecimiento de industrias en esas zonas. Más que ayudas al emprendimiento local, muy escaso por contar con una población muy envejecida, es necesario atraer inversiones productivas a las localidades más pequeñas y con pérdida de población y favorecer el desarrollo de las pocas existentes. Una vía para lograrlo es que los productos manufacturados en esos pequeños pueblos, tengan una
menor tributación. Además de favorecer con ello la implantación de industrias en estas localidades, se contribuye a compensar unos costes de
comercialización y transporte, en general más elevados en las zonas menos desarrolladas, por estar más alejados de los nudos logísticos y lugares de consumo.
El impuesto sobre el valor añadido, IVA, es un tributo comunitario que se aplica en todo el territorio de la Unión Europea. Existe un tipo de gravamen especial reducido para las regiones ultraperiféricas de la Unión. Se propone aplicar ese mismo tipo a la producción industrial y manufactures de las empresas cuyo domicilio social y centros de producción estén radicados en localidades de población inferior a 1.000 habitantes.
- REDES FERROVIARIAS Y VIARIAS DE CONEXIÓN CON LA RED EUROPEA DE TRANSPORTES
El oeste de España y en especial la Región leonesa, que conforma con Extremadura el bloque central interior, están quedando relegados de las redes de transportes ferroviario y viario, en particular la Red Transeuropea de Transporte. No existe una planificación global que valore la importancia del efecto “cremallera/frontera” de estos territorios con sus vecinos de Portugal. Por otro lado, las conexiones viarias con Portugal presentan
grandes deficiencias entre ambos Estados y las ferroviarias son inexistentes entre la región portuguesa de Tras-os-Montes y la española de Zamora.
Las inversiones del Gobierno de España están relegando los pasillos del oeste de España en plazos y presupuestos, en favor de las zonas más pobladas del país (en el Eje del Mediterráneo, la “Y” del País Vasco y las conexiones radiales con Madrid).
La vertebración de este territorio requiere de plazos más próximos, que garanticen la competitividad y capacidad tractora de la economía, y el
desarrollo de dos líneas de ferrocarril, que se integren en la red ferroviaria de transporte europeas, en el Corredor Atlántico: la conexión de Galicia por Ourense-Ponferrada-León y una nueva conexión Atlántico Sur (Huelva) y Cantábrico (Gijón).
Abrir al tráfico de mercancías y pasajeros la conocida como «Vía de la Plata», entre Astorga y Mérida, prolongada para conectar con los puertos
de Huelva y Gijón, contribuiría de manera muy decisiva al desarrollo de todas las provincias del oeste de España y potenciaría la autovía del mar Gijón-Nantes, que reduce el tiempo del transporte, sus costes y las emisiones de CO2, en el transporte hacia el centro y el norte de Europa desde la península Ibérica o desde terceros países. Por otro lado, la salida de Galicia por Orense a León, permitiría potenciar también los puertos de Avilés, Gijón y Santander, y mejorar la conexión con La Rioja-Zaragoza-Barcelona. También resulta imprescindible para la supervivencia de las comarcas fronterizas luso españolas, acelerar las conexiones ferroviarias con Portugal: abrir una nueva conexión ferroviaria de la región portuguesa de Trás-os-Montes con Zamora y mejorar la línea que enlaza Fuentes de Oñoro (Salamanca) con Vilar Formoso (Beira Alta).
Enlaces ferroviarios que proponemos:
- Mejora de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada-León
- Tramos sin funcionamiento y parcialmente desmantelados de la línea Vía de la Plata entre Plasencia y Astorga (León).
- Nuevo tramo propuesto de conexión de Portugal con España, en la línea Porto-Bragança-Zamora (o Puebla de Sanabria)
Por otra parte, las carreteras españolas presentan graves carencias en estas tres provincias. La antigua cuenca minera de El Bierzo lleva décadas reclamando una conexión directa con Asturias y Orense con vías de alta capacidad. La estructuración en malla de las redes de comunicaciones en el núcleo del área noroeste pasa por dos nodos distribuidores de tráficos. Es necesaria una conexión con vías de gran capacidad de la ciudad de Ponferrada (León) con los puertos asturianos del Cantábrico por el norte y de Vigo por el oeste, así como con el nodo de Braganza por el sur. Debería orientarse el grueso de las inversiones en este trazado en esas conexiones, pues es la línea con demanda por población e industria, así como acelerar la reparación de un viaducto que ha colapsado hace ya un año en la conexión con Galicia en la única vía de gran capacidad que une El Bierzo con Galicia, la A-VI.
La conexión de la región portuguesa de Tras-Os-Montes con las provincias españolas limítrofes, es tremendamente deficiente, con carreteras que no permiten la circulación de camiones articulados y en muchos casos ni de pequeños camiones o microbuses, como sucede en la carretera entre la localidad zamorana de Puebla de Sanabria y la portuguesa de Bragança, donde solo los turismos pueden pasar por la localidad fronteriza de Rionor. Abrir esa conexión es una histórica demanda a ambos lados de la frontera, reclamando incluso una vía rápida entre Bragança y León.
También la comarca leonesa de La Cabrera, que exporta pizarra a toda Europa, que se encuentra en este ámbito, necesita mejorar su red de
carreteras provinciales, de trazado tortuoso y plataforma estrecha, lo que supone más tiempo y consumo y emisiones en el transporte de estos
materiales pesados. Es necesario mejorar la salida de esta comarca hacia el oeste, que ha de atravesar un puerto a 1.800 metros de altura (Fonte da Cova), y hacia el norte y este, ampliando la vía hacia La Bañeza-León.
La mejora de esta malla viaria debe ser considerada una prioridad, pues incrementa los tamaños de mercado, la accesibilidad de las industrias de
la zona y la movilidad de los ciudadanos. El desarrollo de mercados más prósperos, la accesibilidad de las personas a nuevas oportunidades y la
interconexión entre comarcas casi confinadas, contribuye a un desarrollo territorialmente más armónico.
Para poder acelerar la ejecución de estas infraestructuras, sería decisiva la implicación de la Unión Europea, mediante la aplicación de fondos para este objetivo. Por ello se plantea a las instituciones comunitarias, en este momento al Parlamento Europeo, considerar prioritaria esta necesidad de mejora de las redes ferroviarias y viarias del oeste español dentro del mecanismo «CONECTAR EUROPA». Debe permitirse expresamente destinar fondos comunitarios para mejorar las comunicaciones en las NUTS 3 menos desarrolladas en países que ya no reciban ayudas directas al efecto como los Fondos de Cohesión, tanto de fondos Next Generation UE como fondos del Marco financiero Plurianual 21-27. En este sentido, la ampliación el 6 de junio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España prevé nuevos hitos y objetivos en materia de
transportes, pero inciden especialmente en la en la mejora del transporte público de las principales áreas metropolitanas del país y municipios de
más de 50.000 habitantes. Debería desde la UE demandar a España también una atención especial a las redes de transporte en las zonas en declive demográfico, en especial las áreas rurales, como las que se han apuntado.
La mejora de las redes de comunicaciones en las comarcas menos desarrolladas y/o con pérdida constante de población, con las conexiones transfronterizas y las salidas a las autovías del mar como las apuntadas, tendría un efecto transformador de las economías de estos territorios,
logrando un avance en la cohesión territorial, uno de los objetivos de los fondos comunitarios. Se debería valorar contemplar la impulsión de mejorar las redes de transporte en malla y primar las comunicaciones en las zonas más deprimidas, en la revisión en tramitación del Reglamento
(UE) 1315/2013 sobre las Directrices de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (TEN-T).
D. PREMIO CORTES DE LEÓN
Para difundir el legado de las Cortes del Reino de León del año 1188 como origen del Parlamentarismo representativo y paralelamente promover esta
forma de gobierno, planteamos al Parlamento Europeo crear un Premio Internacional que sirva de reconocimiento y apoyo material a las personas o
entidades que a lo largo del ejercicio anterior al de cada concesión, se haya destacado en cualquier parte del mundo en la defensa activa de la
Democracia parlamentaria y de los Derechos y Libertades que le son propios.
En muchos lugares del mundo la democracia y la garantía de los Derechos Humanos es aún una meta en cuya consecución luchan muchas personas y entidades, e incluso en los países democráticos existen peligros de regresión en el respeto de esos valores. El «Premio Cortes de León» serviría como apoyo expreso del Parlamento de la Unión Europea y un reconocimiento internacional a quien destaque en la defensa del parlamentarismo representativo igualitario en cualquier parte del mundo y contribuiría al éxito de su lucha.
El galardón se concedería por el Parlamento Europeo, de acuerdo con la normativa que se estableciera y se entregaría en la ciudad de León. La Orden del Real Pendón de San Isidoro, creada hace 875 años y algunos de cuyos miembros se presume que asistieron a las Cortes de 1188, que mantiene el legado del debate Parlamentario en La Real Colegiata en la ceremonia de las Cabezadas, podría participar activamente en la organización de estos premios.
León, a 12 de junio de 2023
Asociaciones y otras entidades firmantes del este manifiesto:
- Asociación LEÓN PROPONE- G67978478
- Asociación de Colegios Profesionales de León. COLPROLEON. G24715260
- Asociación Nacional de Amigos de Portugal en España. G24338477
- Fundación Renacimiento Rural Leonés. G10847903
- Asociación Técnica y de Municipios Autovía León-Bragança. G24586885
- Fundación Nacional FUNDASPE. G24299422
- Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de León. G24037210
- Asociación Cauce Histórico Presa Cerrajera. G24546988
- Asociación cultural ÍNTROLE. G24587438
- Asociación cultural SURCOS DEL ÓRBIGO. G 24670986
- Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional Leonesa. G24252884
- Asociación Cultural Rey Ordoño. G24078925
- Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León. G02704542
- Colectivo de Opinión “Tiburcio Fernández Álvarez”. G23191111
- Plataforma de Tradiciones y Cultura Llïonesa. LA PARVA. G24715625
- Asociación Cultural de la Llingua Llïonesa EL FUEYU. G24442345
- Centro de Cultura tradicional de León. G24284648
- Coordinadora de Organizaciones, Asociaciones y Colectivos. ComunidadLeonesa.ES. G24531923
- Asociación Cultural El Trovador Leonés. G24422982
- Instituto Cepedano de Cultura (ICECU) G24367187
- Asociación Gastronómica Leonesa. G81203804
- Asociación Cultural Aires del Bernesga, G24500233
- Asociación de Diabéticos La Bañeza y Comarca (ADELBA). G24099707
- Asociación Cultural Raigañu G24356560
- Asociación Cultural Forja, G24448169
- Asociación Cultural Amigos de los Decreta. G09692641
- Asociación Enróllate G24218117
- Asociación Cultural Despierta CT (Cartagena) G10743060
- Asociación Estas en Babia G24513475
- Grupo de Acción Local Asociación Montañas del Teleno G24296485
- Asociación CUATRO VALLES (Canales) G24292856
- RIONOR (Rede Ibérica Ocidental para uma Nova Ordenação Raiana) Nif-NIPC 51411315
- Conceyu País Lliones (Santovenia de la Valdivia) G01704451
- G.A.L. Montaña de Riaño Riaño (León). G24343824
- Casa de León en Asturias. Gijón-Asturias. G33625187
- ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LEÓN – G24715260
- Asociación Gastronómica Region Leonesa para el buen yantar. León G24520314
- Mirador de Oteruelo. Oteruelo de la Valdoncina G-24215261
- A.VV. “MARIANO ANDRÉS”. León G24037681
- Felipe Miguel Lozano Alonso (Abogado). León.
- Asoc. de VV Barrio de Santa Marina la Real de León. G24233173
- A.VV. Los Juncales Armunia(León) G-05492012
- A VV SAN PEDRO DE LAS HUERTAS LEÓN G24508673
- FEDERACIÓN DE AA.VV. DE LEÓN “REY ORDOÑO”- G24069197
- A.VV. “EL ESPOLON”, León CIF: G24907438
- A.VV. Bº de la Inmaculada. León. NIF. G24327439
